Ken Salazar se reúne con el Gobierno mexicano para hablar sobre la reforma constitucional que el mandatario ha enviado al Congreso. Legisladores aplazaron la aprobación hasta abril.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó este miércoles “serias preocupaciones” por la reforma constitucional en materia energética que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador en un encuentro con altos funcionarios de su Gobierno, entre ellos la secretaria de Energía Rocío Nahle. Esta es la primera comunicación oficial de la Casa Blanca sobre el tema, el cual ha sido objeto de molestias entre legisladores y cámaras de comercio en EE UU desde que se anunció el mes pasado. También el miércoles, 40 congresistas estadounidenses enviaron una carta a la Administración del presidente Joe Biden pidiendo una respuesta “oportuna y clara” a la reforma en México, la cual, aseguran, contraviene el tratado de libre comercio con el país.

Por su parte, legisladores del partido del presidente, Morena, del Partido Verde Ecologista y del Trabajo acordaron aplazar la aprobación de la reforma hasta el 15 de abril de 2022, de acuerdo con el diario Reforma. La decisión se tomó después de una sesión de cuatro horas en la que los coordinadores parlamentarios de los tres partidos estimaron que no se cuenta con los votos suficientes para alcanzar la mayoría requerida para reformar la Constitución.

En un mensaje en redes sociales, Salazar aseguró que se reunió con miembros del Gobierno. “Tuve reuniones importantes con el Gobierno de México para discutir la reforma del sector eléctrico. Quiero aprender más sobre el ímpetu de la reforma constitucional propuesta. También expresé serias preocupaciones para Estados Unidos. Nos comprometimos a continuar nuestro diálogo sobre estos temas críticos”, escribió Salazar en su cuenta de Twitter. Salazar es el funcionario estadounidense de más alto nivel que se ha expresado sobre el tema.

La secretaria Rocío Nahle, impulsora de la reforma, ha confirmado el encuentro. “Fue grato escuchar al embajador sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía de cada país. El diálogo es abierto y continuo”, ha señalado en Twitter.

El 1 de octubre, López Obrador envió al Congreso una propuesta para reformar la Constitución que, si la iniciativa se aprueba, desmontará gran parte de la reforma energética constitucional aprobada en 2013, que abrió el mercado eléctrico a la participación privada por primera vez en más de 70 años. Esto incluye suspender permisos de generación de electricidad ya otorgados y cancelar contratos con empresas privadas tanto nacionales como extranjeras. Las cámaras de comercio de EE UU y Canadá, cada una por su lado, han dicho que la reforma contraviene lo acordado en el T-MEC.

López Obrador busca hacer de la empresa eléctrica del Estado, Comisión Federal de Electricidad (CFE), la preponderante en el sector. Para lograrlo, la ley le garantizaría el 54% del mercado. Además, desaparece a los reguladores y le da al Estado el derecho exclusivo de exploración y producción de litio y otros minerales considerados “estratégicos”. Abogados han advertido que, si la ley se aprueba, se abrirían un alto números de litigios y arbitrajes internacionales que serían muy caros para el país.

En una carta enviada al Departamento de Comercio de EE UU el miércoles, 40 legisladores republicanos pidieron al Gobierno de Biden interceder por las empresas estadounidenses que han invertido en el sector energético mexicano. “En las últimas semanas se han intensificado las acciones de ejecución discriminatorias y arbitrarias”, acusan los legisladores. “A través de lo que parece ser un uso selectivo de la autoridad, han obstaculizado explícitamente, y en algunos casos bloqueado por completo, la participación del sector privado estadounidense en los mercados de combustibles de México”, agregan.

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