Fue detenida en abril bajo la acusación de que la ONG palestina sanitaria en la que trabajaba desviaba fondos para FPLP, grupo considerado terrorista por Israel, UE y EE.UU, pero la cooperante aclara que no colaboró con FPLP ni sabía que el dinero que recaudaba podía ser transferido a ellos.

Tras aceptar el acuerdo de culpabilidad y la reducción de cargos, la cooperante española Juana Ruiz ha sido condenada por un tribunal militar israelí a 13 meses de prisión y 50.000 shekels (alrededor de 14.000 euros) por “prestar servicios a una organización ilegal” y “recibir dinero e introducirlo ilegalmente”.
La sentencia anunciada este miércoles por la jueza del tribunal militar de Ofer, en Cisjordania, tiene en cuenta la admisión de dos de los cinco cargos presentados en mayo y se corresponde a la pena solicitada por la Fiscalía la semana pasada a raíz del acuerdo alcanzado con la defensa. Dado que Ruiz, de 63 años, lleva detenida desde el pasado mes de abril, será puesta en libertad en seis meses aunque es posible que su condena sea reducida a un tercio. En este caso, su excarcelación sería cuestión de semanas.

Tras una investigación del servicio interno de seguridad israelí (Shabak), las autoridades israelíes denunciaron que fondos recaudados para la ONG palestina en la que trabajaba e ilegalizada por Israel en 2020 fueron desviados al Frente Popularpara la Liberación de Palestina (FPLP). Este grupo marxista está considerado terrorista también por la Unión Europea (UE), Estados Unidos y otros países y cometió numerosos atentados en las últimas décadas contra Israel.

El abogado de Ruíz, el israelí Avigdor Feldman, aclara que su cliente no ha afirmado que colaboró con FPLP y señala que el acuerdo con la Fiscalía no establece que era consciente que parte del dinero que recaudó en Europa, incluyendo España, para proyectos de la ONG palestina “Comités de Trabajos para la Salud” fueron entregados a FPLP. “Siempre pensé que estaba trabajando para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué, espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer ningún daño”, señaló Ruíz ante el tribunal.

Ruíz trabajaba desde 1993 en la ONG centrada en proyectos sanitarios para los habitantes palestinos en el territorio cisjordano ocupado por Israel en la guerra del 67. El pasado 13 de abril fue detenida por soldados israelíes en su casa de Beit Sahur, cerca de Belén, en Cisjordania donde reside con su marido, el palestino Elías Rishmawi. Otros palestinos también fueron arrestados en la trama de financiación del FPLP.

En mayo, la Fiscalía militar presentó cinco cargos formales en su contra tras una investigación efectuada por el departamento económico de Shabak que concluyó que su ONG formaba parte de una red de FPLP para blanquear dinero procedente de Europa y financiar sus actividades incluyendo atentados. Finalmente y tras el acuerdo, ha sido condenada por los cargos de “pertenencia a asociación ilegal” y “tráfico de divisas en Cisjordania”. Según la acusación presentada, “Juana Rashmawi sospechaba que la organización actuaba en nombre del FPLP”, pero desconocía que los fondos que recaudó se habían desviado al FPLP.

Un comunicado de los ministerios de Defensa y Exteriores difundido la semana pasada destacó que Ruíz continuó la recaudación de fondos europeos para la asociación humanitaria palestina pese a que sospechaba que actuaba en nombre de FPLP. Y citaron al director financiero de “Comités de Trabajos para la Salud”, Walid Hanatshe, acusado de ser uno de los responsables del atentado que cometió FPLP en agosto del 2019 causando la muerte de la adolescente israelí Rina Shnerb en Cisjordania.

La defensa legal y la familia de Ruíz mostraron su gran indignación por la relación que los ministerios de Defensa y Exteriores quisieron hacer entre su caso y la designación oficial de seis ONGs palestinas como “grupos terroristas” anunciada hace casi un mes por Israel alegando que más allá de su función civil, forman parte “del entramado terrorista del FPLP”. Varias ONGs israelíes e internacionales definieron el anuncio israelí en octubre como un “ataque contra las organizaciones de derechos humanos e intentar silenciarlas en el territorio ocupado”.

“El uso político de la confesión de mi cliente como prueba para justificar la ilegalización de las seis ONGs es completamente censurable y falso“, afirma Feldman que añade que Ruiz no está relacionada con ninguna de las seis organizaciones en cuestión y recalca que la corte militar de Ofer así lo confirmó añadiendo que la Fiscalía tampoco tiene pruebas al respecto. Por último, la defensa reitera que su cliente no conocía las actividades del FPLP en Cisjordania.

Ante las críticas internacionales y en sectores de la izquierda israelí recibidas por el anuncio contra las seis ONGs palestinas y poco después del acuerdo de culpabilidad firmado por Ruiz hace una semana, el ministro de Exteriores Yair Lapid pidió a la comunidad internacional “trabajar junto con Israel para evitar que las organizaciones terroristas utilicen el barniz de la cobertura civil y que los fondos asistenciales lleguen a las organizaciones terroristas”.

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