“Seguiremos defendiendo nuestros derechos a través del proceso de arbitraje en el marco del TLCAN, el cual no se ve afectado por la supuesta denuncia del Gobierno de México”, señala la empresa en una carta abierta.
Consideran además como objetable el que México haya recurrido a la ONU, la cual señalan que “no tiene ámbito de competencia en la materia”.
“Diferentes instituciones gubernamentales mexicanas nos han otorgado todos los permisos y autorizaciones correspondientes. Lo que el Gobierno de México llama falsamente destrucción ambiental es el mismo impacto, que en su momento, el propio gobierno evaluó, autorizó y lo consideró aceptable”, se lee en el posicionamiento de la empresa.
Actualmente la empresa espera que se resuelva su recurso de queja ante un juzgado radicado en Cancún, Quintana Roo, el cual resolverá si les conceden o no la suspensión provisional en contra de la clausura de tres de los cuatro predios que poseen en Playa del Carmen, desde donde extraen material pétreo para su exportación hacia Estados Unidos.
La empresa sostiene de 2018 un arbitraje internacional contra el gobierno de México, luego de que se modificara el uso de suelo de dos de los predios que poseen en Playa del Carmen, lo cual les impide que puedan emplearlos como canteras para la extracción de piedra caliza y su exportación a Estados Unidos.