Mientras en la conferencia mañanera de este lunes se ofrecía un concierto para celebrar el 10 de mayo, ofrecido por el residente Andrés Manuel López Obrador, madres de personas desaparecidas realizaban su protesta.
Las manifestantes fueron atendidas por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernacion (Segob), y el subsecretario Alejandro Encinas., a quienes entregaron sus demandas
La nueva Ley de la Fiscalía General de la República ha sido criticada por activistas y organizaciones o gubernamentales por reducir las responsabilidades del organismo en cuanto a la búsqueda de desaparecidos.
El texto inicial, propuesto por el fiscal general Alejandro Gertz Manero provocó el rechazo de activistas y Organizaciones no gubernamentales, pues buscaba sacar a la Fiscalía de los diferentes organismos públicos de protección de derechos humanos para darle mayor autonomía.
Finalmente, el Congreso decidió mantener el Ministerio Público dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, pero activistas denuncian que se redujeron sus competencias.
El texto aprobado establece que la Fiscalía deberá garantizar “los derechos de las víctimas”, brindarles “protección”, tomar “en consideración” las propuestas de investigación que planteen y darles acceso a registros.
No obstante, la Fiscalía General solo atraerá casos de desaparición con “gran relevancia social” o “violación grave de los derechos humanos”, dejando la investigación en manos de los Ministerios Públicos estatales, muchas veces sobrepasados o corrompidos, denuncian familiares de las víctimas.
México afronta una crisis histórica de desapariciones con un registro de 86 mil 663 personas no localizadas desde 1964.
