La Red de Periodistas de Quintana Roo y ARTICLE 19 condenan los recientes discursos intimidantes y amenazantes emitidos por Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura por el partido Movimiento Ciudadano,  así como sus amenazas de acción legal contra la periodista Lydia Cacho.

El 5 de enero de 2022, Roberto Palazuelos, publicó en su cuenta de Twitter una carta dirigida a la opinión pública, en que concluye lo siguiente:

“… me veo en la necesidad de emprender acciones jurídicas por la vía civil por difamación y calumnia en contra de esta persona, ya que todo lo que dice tendría que probarlo en un juzgado, por ello he instruido a mi equipo de abogados a que documenten toda la información que ha salido en medios, para estar en aptitud de presentarla ante una autoridad jurisdiccional. Con estas evidencias se procederá en contra de la señora para que responda ante la ley”.

De forma subsecuente, casi un mes después, el 3 de febrero, durante una entrevista realizada en el programa de entretenimiento De Primera Mano, emitido por la cadena de entretenimiento Imagen Televisión, el político señaló: […] todas esas gentes que están difamándome, que están haciendo cosas, yo estoy apuntando eh, ahí traigo, no crean que no estoy apuntando, estoy apuntando y estoy tomando nota,  ya llegará el momento cuando yo sea el titular del ejecutivo que ajustemos cuentas. A pesar de que la declaración emitida por Palazuelos fue descalificada y señalada como inhibidora de la libertad de expresión, el 9 de febrero de 2020, durante una conferencia de prensa, realizada en Quintana Roo, el político volvió a referir:

Efectivamente, mis cuentas algún día se van a ajustar, pero serán como lo que soy yo: un hombre de derecho, un hombre que maneja la materia civil. En su momento pondré mis demandas de difamación y de calumnia para que todos los dichos sean probados ante una autoridad jurisdiccional

Las declaraciones del político generan estigmatización sobre la función de la labor periodística, del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a recibir información. La crítica y el escrutinio públicos son necesarios para garantizar el mayor flujo de información posible, sobre todo en contextos electorales. Conocer a las y los candidatos o militantes de partidos políticos, ayuda a identificar afinidades o preocupaciones sobre quién encabezará puestos de elección popular y con ello el electorado tomará decisiones sobre quién podrá ejercer la administración pública.

Calificar de “campaña sucia” a los cuestionamientos de periodistas o de la población, implica frenar el flujo de información y mantiene una hegemonía sobre un solo discurso, disminuyendo a las voces críticas sin argumentos y sin debate.

También resalta que las amenazas de inicio de acciones legales o de acoso judicial implican un efecto inhibidor en la cobertura de los actos públicos del político, ya que pueden ser considerados a criterio del político como “campaña sucia”. ARTICLE 19 y la Fundación para la Libertad de Prensa, señalan efectos perniciosos sobre el acoso judicial, como desgaste económico y pérdida de prestigio de medios y periodistas que mantienen una editorial crítica o que dan a conocer posibles actos de corrupción o hechos ilícitos. Por tanto, resulta preocupante que se emitan amenazas de inicio de acciones legales en un contexto electoral, que apenas empieza, sin considerar la obligación que tienen las figuras públicas de tolerar la crítica y el escrutinio, justamente por el carácter o proyección públicos.

Los hechos aquí descritos, se dan en un contexto de continua violencia contra la prensa en Quintana Roo. Según la documentación de ARTICLE 19, la entidad federativa se mantiene desde el 2019 entre la segunda y tercera posición de los estados con más agresiones contra la prensa. Desafortunadamente esta tendencia se mantuvo en el primer semestre de 2021, ya que ARTICLE 19 documentó 23 casos de violencia contra periodistas y medios.

En vista de lo anterior, la Red de Periodistas de Quintana Roo y ARTICLE 19 exigen:

  • A Roberto Palazuelos, al partido Movimiento Ciudadano y a demás precandidatos y candidatos a la gubernatura de Quintana Roo, a evitar cualquier descalificativo al ejercicio de la libertad de expresión y de la labor periodística, y acudir a las medidas más democráticas que garanticen el flujo de información y robustecimiento del debate público.
  • A Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, condenar de manera pública las agresiones contra la prensa y generar políticas públicas integrales de prevención y protección contra periodistas.

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