Amnistía Internacional pidió el jueves al gobierno de Nayib Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir las reformas al Código Penal aprobadas por el Congreso para combatir las pandillas argumentando que atentan contra los derechos humanos de la población.

“La política implementada por el gobierno podría dar a lugar a responsabilidad penal internacional”, advirtió en conferencia de prensa Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

El Congreso aprobó el estado de excepción después de que ocurrieran 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador. La medida limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado. También amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.

En las últimas semanas un equipo de respuesta de crisis de Amnistía Internacional realizó una investigación en el país y en su informe preliminar afirma que las autoridades salvadoreñas “han cometido violaciones masivas de derechos humanos, entre ellas, miles de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso, así como tortura y malos tratos y al menos 23 personas han muerto bajo tutela del Estado”.

Los investigadores de Amnistía Internacional documentaron 28 casos de violaciones a los derechos humanos, correspondientes a 35 personas.

“Hace tres años nos reunimos con el presidente Nayib Bukele y se comprometió a respetar los derechos humanos. Sin embargo, desde entonces y de forma reiterada no ha cumplido con su palabra. “Hoy al inicio de cuarto año de su gobierno, podemos decir con contundencia que han decidido apostar por estrategias y políticas ilegales y fallidas del pasado”, dijo Guevara Rosas.

Amnistía Internacional consideró alarmante la captura y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36.000 personas en dos meses, lo que consideran que “no habría sido posible sin la complicidad de las instituciones de justicia”.

Según el informe preliminar, al menos nueve periodistas, a los que no identificaron, habrían salido del país en las ultimas semanas de manera preventiva “ante el intento estatal deliberado de silenciarles y criminalizarles”. Sin embargo, hasta el momento ningún periodista ha sido detenido por su labor.

Amnistía Internacional pidió detener la estigmatización de los medios, periodistas independientes, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de los derechos humanos, permitiendo que desarrollen su importante labor sin riesgos y amenazas de ningún tipo, Además instó al presidente Bukele a permitir que mecanismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, pueden acceder a los centros de detención y las audiencias judiciales.

Por último, llamó a la comunidad internacional a utilizar todos los mecanismos diplomáticos y mutilarles —incluyendo el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea— para que las autoridades salvadoreñas cesen las violaciones de los derechos humanos y “el país se enrumbe de nuevo en la senda del Estado de derecho”.

Bukele ha defendido sus políticas de seguridad y ante señalamientos al respecto su gobierno ha argumentado que El Salvador es un país soberano.

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