- El sector empresarial está inconforme con la tramitología que hay en el gobierno de Solidaridad que encabeza Lili Campos Miranda.
En el municipio de Solidaridad se reconoce la molestia de empresarios al gestionar permisos, licencias, anuencias y otros trámites administrativos, cuya tardanza mantiene detenidas y en rezago inversiones productivas.
La queja se ha expuesto en reuniones de la Dirección de Desarrollo Económico con las cámaras empresariales, de Comercio o Industria de la Transformación, en las que el gobierno de Roxana Lili Campos Miranda trata de calmar el reclamo al apresurar los plazos.
Solidaridad alberga a uno de los destinos turísticos más exitosos del Caribe Mexicano que mantiene una tasa de crecimiento del 9 por ciento anual, que captó 14.6 millones de visitantes en la Riviera Maya solidarense, la cual se traduce en una derrama económica de 10 mil 742 millones de dólares en 2021.
En el citado municipio hay un registro de 9 mil 500 unidades económicas de 354 giros diversos, de las cuales de 3 mil a 3 mil 500 corresponden a establecimientos de alto riesgo, como restaurantes y hoteles, otras 4 mil 500 de mediano riesgo y mil 500 de bajo riesgo.
La tramitología municipal está compuesta por 94 regulaciones que conforman un registro de 449 formalidades administrativas, de las cuales 246 corresponden a trámites y 203 a servicios, que para darles trámite participan 112 áreas de la administración pública, entre secretarías, dependencias municipales, organismos descentralizados, alcaldía y direcciones de área.
La ruta del trámite de apertura implica 24 pasos que deben hacer los usuarios por dependencias diversas, en plazos que habitualmente van (sin sobresaltos por falta de documentos de ningún tipo) de 3 a 6 meses.
Para el Décimo Segundo Regidor presidente de la Comisión Edilicia de Ecología y Protección Animal, y empresario, José Gabriel Mendicuti, existe un exceso en la cantidad de trámites de hasta 47 permisos para abrir un negocio, que se busca concentrar en una ventanilla única.
Pero igualmente señaló que “hay una mala práctica de inversionistas” de planear un negocio sin tener los permisos, y que en su opinión “comienzan al revés. Lo primero es tramitar todos los permisos, ese es el primer gran problema”.
En las solicitudes de los proyectos de vivienda, por ejemplo, se tienen alturas indebidas o espacios y áreas inadecuadas. “Aunque no son todos, están esperando un milagro o un acuerdo no muy claro para poder echar andar sus negocios”.
El regidor responsabilizó también a las malas prácticas y al rezago de hasta 3 mil solicitudes sin resolver que se heredó de la gestión anterior presidida por la entonces alcaldesa Laura Beristain, que a casi dos años no se han puesto al día.
Igual coincidió el Décimo Tercer Regidor presidente de la Comisión Edilicia Ordinaria de Asuntos Indígenas, Marciano Toledo Sánchez, quien expresó que la administración que antecedió a la actual “era una bola de ladrones, que de hecho hay algunas demandas abiertas contra personal de la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano”.
La exalcaldesa, comentó, suma 14 denuncias ante la autoridad estatal y otra en el ámbito federal por la falta de justificación de 329 millones de pesos “Nos comentan que la gente llegaba a un acuerdo con el inversionista que pagaba un dinero sobre los trámites, pero una parte por dentro y otra por fuera”.
Laura Beristain consultada igualmente por Luces del Siglo llamó a su sucesora para que no deje a la gente perdiendo el tiempo y esperando, y se le brinde una respuesta adecuada de lo que sí o no se puede.
De su presunta responsabilidad en el rezago de trámites, dijo que “la naturaleza de muchos gobiernos como el actual, es culpar al otro para no hacer las cosas adecuadamente”.
“Ellos llegaron de una manera muy sofisticada metiendo a la cárcel a 30 funcionarios, desestabilizando nuestro gobierno, ella misma está en todas las redes sociales, desafortunadamente mensajes de odio hacia las mujeres, hacia mi gobierno, hacia mis secretarios, hacia mi persona”.
Para el Octavo Regidor que preside la Comisión Edilicia Ordinaria de Desarrollo Urbano, Cecilio Puc, la molestia entre inversionistas inmobiliarios, por ejemplo, se debe a que el tiempo es un aliado o un enemigo frente a los plazos de los préstamos bancarios que se le imponen para el apuntalamiento de los proyectos.
La tardanza de las gestiones tiene que ver, dijo, que Desarrollo Urbano revisa también los expedientes que envía el sistema SARE, lo que pone lento el proceso. “El compromiso es que tengamos al día los trámites”.
Pero para el comisionado municipal de Mejora Regulatoria (CMR) de Solidaridad, José Luis Hernández, a los inversionistas quejosos les asiste parcialmente la razón. En cada formato se estipula con claridad el cumplimiento de los requisitos que deben ser cubiertos de manera correcta, y los retrasos se deben a “un pequeño gran detalle”.
La razón principal, expuso, es la falta de concordancia entre el domicilio fiscal y el “correcto”, que sigue sin ser comprendido por los gestores, representantes jurídicos, contadores o contribuyentes.
El problema de los retrasos, aseguró, es que el domicilio reportado al Sistema de Administración Tributaria no coincide con la nomenclatura que aparece en la clave catastral del municipio.
“Cuando llega ese gestor o contribuyente va a las dependencias, plasma ese domicilio erróneo y la autoridad administrativa municipal lo coteja con el que se encuentra en el Plan de Desarrollo Urbano y pues no coincide. Un ejemplo podría ser la Av. 40 cuando en realidad es 40 Avenida Norte”.
El domicilio que se pretende dar de alta es rechazado y se tiene que modificar, en algunos casos, desde el acta constitutiva de la empresa y después en el documento ante la autoridad fiscal, cuyo trámite tarda por lo menos 1 año.
En la estadística municipal, en julio del año pasado se registraron 28 mil 779 visitas a las cinco áreas municipales que tienen que ver con trámites, como la secretaría de Seguridad Pública y Tránsito (14,858), tesorería (5,493) y las secretarías de Ordenamiento Territorial (3, 271), General (1,399) y Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos (766).