La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hizo un llamado al gobierno mexicano para que dimensione las causas y efectos que genera la violencia en contra de periodistas, acción que comienza a normalizarse y profundizarse.
Destacó que en un momento crítico para las garantías a la libertad de prensa, se considera que los recursos humanos y financieros destinados al mecanismo de protección para periodistas, vigente, no han sido eficaces para evitar el asesinato de comunicadores; los esfuerzos mencionados sobre ajustes estructurales al sistema de protección y la anunciada capacitación de funcionarios están lamentablemente desfasados temporalmente con respecto a la urgencia de la situación; y los mensajes de rechazo oficial a la violencia letal contra la prensa se mezclan y se confunden en tiempo y espacio con mensajes oficiales estigmatizantes que se enmarcan en una compleja y sostenida pugna de las autoridades federales sobre periodistas y medios de comunicación.
“La relevancia que asignan las autoridades a su conflicto con la prensa inevitablemente opaca los mensajes de rechazo a la violencia que han emitido, generando que pierdan la contundencia, convicción y nitidez que debieran tener en este momento”, subrayó.
La Oficina de Comunicación y Vocería de la Presidencia de la República de México envió a la Relatoría una comunicación en la cual defendió que el gobierno federal: condena cualquier acto de violencia en contra de las personas que ejercen la profesión de periodistas; exige que se adelanten las investigaciones para que se esclarezcan los hechos y se sancione a las personas responsables; reconoce que la violencia contra la prensa también es una afrenta a la sociedad; y reitera el llamado a todos los órdenes de gobierno para que se proteja la vida e integridad de periodistas.
“La Vocería de Presidencia cierra su apreciación destacando la obligación del Estado frente a la libertad de expresión y el pluralismo”.
“Para la Relatoría, los esfuerzos institucionales actuales se encuentran desarticulados, en ocasiones son contradictorios, y sumados resultan insuficientes para contener el fenómeno de violencia contra la prensa que actualmente representa una de las principales amenazas a la libertad de expresión en México. En este sentido, esta Oficina llama al Estado a tomar con urgencia medidas complementarias a las ya anunciadas, que se puedan activar en el corto plazo y orientadas a fortalecer el despliegue institucional en los distintos niveles de autoridad y competencia”, puntualizó.
