El gobierno o el ejército de México presuntamente han seguido utilizando spyware diseñado para hackear los celulares de activistas, pese a la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de poner fin a tales prácticas.
Grupos de libertad de prensa indicaron el lunes que hallaron evidencia de intentos recientes de usar el programa espía israelí Pegasus contra activistas que investigan violaciones a los derechos humanos por parte del ejército mexicano. Una investigación forense del grupo Citizen Lab de la Universidad de Toronto confirmó la presencia de Pegasus.
Según un informe de la organización sobre libertad de prensa Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y organizaciones mexicanas de medios, entre los objetivos se encuentra el activista Raymundo Ramos.
Ramos ha trabajado durante años documentando los abusos de las fuerzas militares y policiales, incluyendo múltiples asesinatos, en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde existe una fuerte presencia de cárteles narcotraficantes. El celular de Ramos aparentemente fue infectado con el software espía Pegasus en 2020.
“No les gusta que documentemos este tipo de casos, que sean difundidos y que sean denunciados penalmente”, declaró Ramos.
Las otras víctimas son el periodista y escritor Ricardo Raphael en 2019 y 2020, y un periodista no identificado del medio de comunicación en línea Animal Político.
Daniel Moreno, director de Animal Político, dijo que “si el presidente no sabia, es muy grave; quiere decir que el ejercito espía sin conocimiento del presidente. Y si el presidente sabía, también es muy grave”.
López Obrador asumió el cargo en diciembre de 2018 prometiendo acabar con el espionaje gubernamental. El presidente afirmó que él mismo había sido víctima de la vigilancia del gobierno durante décadas siendo líder de la oposición.
“Le digo que no estamos nosotros metidos en eso”, dijo López Obrador en 2019 en respuesta a preguntas sobre el uso de Pegasus. “Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados”.
El informe del lunes alega que el ejército mexicano ha pedido cotizaciones de precios para programas de espionaje de empresas relacionadas con la distribución de Pegasus, que según la compañía que lo desarrolló se vende únicamente a gobiernos.
De acuerdo con el reporte, el grupo de hackers Guacamaya encontró documentos del ejército que enumeran solicitudes de cotizaciones de 2020, 2021 y 2022.
Las víctimas de los ataques con spyware dijeron que asumieron que el ejército era el responsable debido a la naturaleza de su trabajo y el momento en que ocurrieron los actos de espionaje.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, dijo que “lo anterior implica la posibilidad de dos escenarios: el primero, es que el presidente le mintió al pueblo de México. O bien, el segundo, que las fuerzas armadas espían a espaldas del presidente y desobedecen la orden directa de su comandante supremo”.
Un portavoz de la Secretaría de la Defensa Nacional dijo que por el momento no tenía comentarios respecto a los señalamientos.
En 2021, un empresario mexicano fue arrestado por cargos de usar el spyware Pegasus para espiar a un periodista, pero la firma israelí que lo vende, NSO Group, aseguró no tener lazos con ese hombre. El empresario ha sido descrito durante mucho tiempo en México como empleado de una firma que actuaba como intermediaria en las compras de spyware.
El principal funcionario de seguridad de López Obrador ha dicho que dos gobiernos anteriores gastaron 61 millones de dólares para comprar el software espía Pegasus.
NSO Group ha estado implicado en el espionaje gubernamental a opositores y periodistas en todo el mundo. La compañía asegura que “las tecnologías de NSO sólo se venden a entidades gubernamentales examinadas y aprobadas”.
México tenía la lista más grande —unos 15.000 números de teléfono— entre más de 50,000 supuestamente seleccionados por clientes de NSO para posible espionaje.
López Obrador se ha apoyado más que cualquiera de sus predecesores en las fuerzas armadas, a las que les ha otorgado mayores responsabilidades, desde la construcción de proyectos de infraestructura hasta la supervisión de puertos marítimos y aéreos.
Eso ha desatado preocupaciones de que el ejército mexicano, que tradicionalmente se ha mantenido ajeno a la política, se esté convirtiendo en una fuerza con poca supervisión o transparencia.